La vivienda: ocho años después, el problema sigue sin resolverse

     La vivienda se ha convertido en uno de los principales problemas de los españoles, especialmente de los jóvenes. Comprar o alquilar una casa resulta cada vez más difícil. No es solo una percepción: el Banco de España calcula que entre 2021 y 2025 se ha acumulado un déficit cercano a las 750.000 viviendas, debido a que la creación de hogares ha superado ampliamente la construcción de nuevas casas.

Pedro Sánchez llegó a La Moncloa en 2018 y lleva alrededor de ocho años gobernando. Aunque la crisis viene de mucho antes, es razonable preguntarse qué se ha hecho para aumentar la oferta. El Banco de España señala que se trata de un problema estructural: faltan viviendas, sobre todo en las zonas con más empleo y crecimiento demográfico. La inmigración y el aumento de población también impulsan la demanda. Por tanto, más allá del debate sobre inmigración, turismo o fondos de inversión, la pregunta es clara: si cada año hay más hogares, ¿dónde van a vivir?

A esto se suman los hogares más pequeños, el aumento de personas que viven solas y las viviendas destinadas al turismo o al alquiler temporal en lugar de al residencial. Además, la demanda se concentra en grandes ciudades y zonas costeras. Por eso, el problema no consiste únicamente en que los grandes propietarios acumulen casas, ya que no poseen la mayoría de las viviendas del país. La cuestión es más amplia: hay demasiada demanda para la oferta disponible. El propio Gobierno reconoce en su Plan Estatal de Vivienda que España arrastra un déficit estructural tras años de construcción insuficiente.

El caso de Maricarmen, una mujer de 87 años desahuciada en Madrid después de vivir durante décadas en su vivienda, ha simbolizado esta crisis. Su fallecimiento, el pasado 7 de octubre, tras permanecer 14 días hospitalizada después del desahucio, ha provocado una enorme conmoción. El Sindicato de Inquilinas ha relacionado su muerte con el sufrimiento vivido, aunque esa denuncia no equivale a una causa médica oficialmente demostrada. Su caso plantea una pregunta incómoda: ¿por qué algunas soluciones llegan cuando una persona mayor ya ha sido desahuciada y su situación se convierte en noticia nacional? Una política eficaz debería prevenir estas tragedias, no limitarse a reaccionar cuando se hacen virales.

La crisis también ha intensificado el enfrentamiento político. El pasado 2 de octubre, el Congreso rechazó los dos decretos de vivienda del Gobierno, con los votos en contra de PP, Vox y Junts, además de UPN en uno de los casos. Las medidas incluían prórrogas de contratos, límites a determinados alquileres, actuaciones sobre grandes propietarios y beneficios fiscales. Junts argumentó que podían reducir la oferta y elevar los precios. Posteriormente, el Ejecutivo volvió a aprobar los decretos, con modificaciones, para intentar convalidarlos en la Diputación Permanente durante la disolución de las Cortes.

El PNV ha anunciado que apoyará el decreto sobre protección frente a los desahucios, alquileres de temporada y determinadas compras especulativas, pero rechazará el que contempla la prórroga automática de los alquileres. Esto podría facilitar la aprobación del primero sin los votos de Junts, aunque no garantiza que ambos salgan adelante. La maniobra abre un debate legítimo: si el Congreso rechaza unas medidas, ¿es políticamente razonable intentar aprobarlas por otra vía? Que el procedimiento sea legal no elimina las dudas sobre su oportunidad.

A esta polémica se suma la convocatoria de elecciones generales para el próximo 29 de noviembre, día de San Saturnino, patrón de Pamplona. La vivienda será uno de los grandes asuntos de la campaña. Tras ocho años de Gobierno, Sánchez deberá explicar qué ha hecho y por qué el acceso a una casa sigue siendo un problema. Pero la oposición también tendrá que justificar sus alternativas. La crisis no debería convertirse únicamente en un arma electoral: los ciudadanos necesitan soluciones, no solo reproches.

En este contexto se ha convocado una huelga general para el 11 de noviembre, impulsada por el movimiento de inquilinos y respaldada posteriormente por UGT y CCOO. La protesta denuncia el encarecimiento de los alquileres y las dificultades para acceder a una vivienda. María Jesús Montero la ha calificado de situación inédita porque, según ella, se dirige contra la oposición por haber rechazado los decretos. Sin embargo, los sindicatos reclaman soluciones a un problema que afecta a todas las administraciones competentes. Reducir la huelga a una protesta contra la oposición resulta tan interesado como atribuirla exclusivamente al Gobierno. Lo evidente es que refleja un malestar acumulado durante años, no provocado únicamente por una votación parlamentaria.

La solución exige proteger a las personas vulnerables y evitar que nadie tenga que destinar una parte desproporcionada de sus ingresos al alquiler. Pero proteger a los inquilinos no basta: también es necesario construir más viviendas, facilitar suelo, agilizar licencias, impulsar la vivienda pública y favorecer una oferta privada suficiente.

La inmigración aporta trabajadores y crecimiento económico, el turismo genera riqueza y los inversores pueden aportar capital, pero todos necesitan vivienda. Si aumenta el número de hogares mientras se construyen menos casas de las necesarias, los precios seguirán subiendo y los jóvenes tendremos más dificultades para emanciparse.

El problema no se resuelve buscando un único culpable ni utilizando una tragedia para ganar votos. Se resuelve garantizando que haya viviendas suficientes para quienes viven en España. Y, después de ocho años, esa sigue siendo una de las grandes asignaturas pendientes.